En un año marcado aún por la pandemia y por sus consecuencias en el ámbito laboral, sigue abierto en España el debate público sobre la posibilidad de reducir la jornada laboral a 4 días semanales.

A principios de 2021, el Gobierno se comprometió con el partido político Más País a llevar a cabo un experimento social con el fin de ensayar, con 200 empresas voluntarias, un plan piloto de semana laboral de 4 días o 32 horas, destinando 50 millones de euros en ayudas a estas empresas.

El proyecto tiene tantos partidarios como detractores, pero la realidad es que, a día de hoy, sigue estando en una fase muy preliminar, y no parece que la modificación de la jornada de manera generalizada sea una opción muy factible en el corto plazo.

El Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 34, se remite a los convenios colectivos o contratos de trabajo en cuanto a la duración de la jornada, estableciendo un máximo de 40 horas a la semana de trabajo efectivo en promedio en cómputo anual.

La referencia a la negociación colectiva es precisamente la petición de las patronales, que, con carácter general, se oponen a esta medida por encontrarnos en estos momentos en un contexto de crisis económica y de lenta recuperación.

Sin embargo, los sindicatos y determinados expertos abogan por avanzar en esta materia, sobre la base de que la reducción de la jornada será un potente instrumento para mejorar la productividad de los empleados, y por ende de las empresas, al redundar en una mejora del bienestar de los trabajadores, favoreciendo la conciliación de la vida personal y laboral. Además, se proyecta como una medida encaminada a la reducción del absentismo y a la retención del talento en las empresas.

Existen ya muchas experiencias prácticas que arrojan datos muy positivos según sus promotores. Llama la atención el caso de Islandia, que muy recientemente ha hecho públicos los resultados de un experimento que ha supuesto que 2.800 funcionarios islandeses hayan estado desde 2015 realizando una jornada más reducida, lo que, según concluyen los grupos de expertos que han analizado las pruebas, ha sido todo un éxito, pues la productividad y la prestación de servicios se ha mantenido o ha mejorado en la mayoría de los centros de trabajo incluidos en el ensayo.

También en el sector privado se han realizado experimentos similares, como la empresa Unilever, en Nueva Zelanda, que ha dado la oportunidad a sus empleados de reducir sus horas en un 20% sin rebaja salarial, o Microsoft, en Japón, en la que afirman que la productividad mejoró hasta un 40% en el caso de 2.300 trabajadores.

Empresas españolas, como Telefónica, se apuntan a este tipo de medidas con el lanzamiento de la “semana flexible bonificada”, pero en este caso la reducción de la jornada a 4 días a la semana implica la reducción proporcional del salario, aunque con una bonificación empresarial, ofreciendo también la posibilidad de trabajo a distancia dos días a la semana.

Es difícil augurar si todas estas medidas llegarán a tener un impacto global para el conjunto de las empresas, pero no se debe olvidar que hay muchos sectores en los que sería difícil de implantar. Además, en España predominan las pymes, lo que hace más complicado que las empresas puedan adaptarse para seguir manteniendo el mismo nivel de servicio y calidad.

Parece más realista seguir apostando por medidas de flexibilidad de la jornada y por una reducción progresiva de la misma para equipararnos, en el medio plazo, a las jornadas laborales europeas, aprovechando las mejoras digitales, el creciente trabajo a distancia y la distribución irregular de la jornada, permitiendo equilibrar los intereses empresariales con los de los trabajadores.

Estaremos atentos a las decisiones políticas que se adopten en los próximos meses para averiguar si los fines de semana de 3 días siguen siendo una utopía o son algo posible.

 

María Luisa Pérez López

Departamento Laboral de Garrigues