La crisis del COVID-19 ha tenido un especial impacto sobre las relaciones laborales, pues las empresas se han visto obligadas a adoptar medidas de distinta índole para hacer frente al efecto de la pandemia sobre sus actividades. Ahora bien, quizás pase desapercibido que tales medidas se han proyectado de igual modo sobre los trabajadores con discapacidad, que también se han visto inmersos en expedientes de regulación temporales de empleo (ERTE), permisos retribuidos o incapacidades temporales prolongadas. Y es muy probable que la vuelta al mercado laboral de este colectivo sea más dificultosa.
Las personas con discapacidad conforman un grupo vulnerable y numeroso, en muchas ocasiones con limitaciones físicas o atencionales, o con menos recursos emocionales para gestionar los cambios, de tal modo que su inactividad dilatada en el tiempo puede afectar a su desarrollo profesional, así como a la pérdida de habilidades y hábitos que tenían consolidados antes de la pandemia. Además, las empresas se enfrentan a un nuevo contexto laboral, con posibles reorganizaciones en sus estructuras, donde quizás no sea una prioridad la contratación o, simplemente, el mantenimiento de contratos de personas con diversidad funcional.
En España, sin perjuicio de las diferentes normas publicadas durante la pandemia en los distintos ámbitos, el tradicional obstáculo para acceder al empleo por parte de las personas con discapacidad viene atemperado con medidas como las establecidas en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que obliga a las empresas públicas y privadas que empleen a 50 o más trabajadores a que, de entre ellos, al menos el 2% sean personas con discapacidad. Además, realizan una función esencial los centros especiales de empleo, así como las diferentes asociaciones y fundaciones que trabajan con personas con diversidad funcional.
Sin embargo, en una fecha como este 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, es importante apelar a la empatía y al esfuerzo de todos para favorecer la creación de oportunidades laborales, y fomentar la contribución empresarial a una sociedad más inclusiva e igualitaria, ante una nueva realidad que se augura, si cabe, más compleja para ellos.
Responsabilidad social corporativa
A nivel empresarial, la responsabilidad social corporativa puede marcar la diferencia entre las distintas organizaciones y su posición competitiva en el mercado, ya que esta responsabilidad va más allá del mero cumplimiento de las leyes vigentes en cada momento. Por ello, el avance en una estrategia de diversidad e inclusión puede reforzar esta responsabilidad de las empresas y constituir un referente para otras organizaciones y la sociedad en sí misma.
Además, al margen de las bonificaciones y reducciones a la Seguridad Social previstas por la contratación de personas con discapacidad, no debemos olvidar que se trata de un colectivo que se ha ganado su espacio en el mercado laboral y ha conseguido que valoremos a las personas por su talento, pudiendo aportar a las organizaciones empresariales una mayor eficiencia en tareas específicas, entusiasmo, motivación, compromiso y, en definitiva, una normalización de la discapacidad en las relaciones laborales que fomenta la convivencia entre profesionales y favorece el buen clima laboral, esencial en cualquier compañía.
La UNESCO celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad bajo el lema: «Reconstruir mejor: hacia un mundo inclusivo, accesible y sostenible después del COVID-19 por, para y con las personas con discapacidad». Hagámoslo nuestro y aportemos nuestro granito de arena para hacerlo posible.
Departamento Laboral de Garrigues
