El 28 de abril se celebra el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Aprovechamos la ocasión para abordar la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo recientemente aprobada, que pone el foco en cuestiones como las enfermedades profesionales, las nuevas formas de organización del trabajo, las pymes o los trabajadores en situación de mayor vulnerabilidad.

La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo para el periodo 2023 – 2027, aprobada el 14 de marzo de 2023, tiene en cuenta el Marco Estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo 2021-2027 y se sustenta en dos pilares fundamentales: la prevención y la colaboración, con un enfoque integral, situando al mismo nivel la protección de la salud física y mental.

Con el propósito de lograr un entorno de trabajo seguro, la estrategia define, en seis objetivos, las prioridades que se deben abordar para alcanzar esta meta y a los que conviene estar atentos ya que, con seguridad, conllevarán reformas en los próximos años. A continuación se analizan los seis objetivos referidos.

Atendiendo a que un alto porcentaje de los accidentes laborales se producen por causas evitables, el primer objetivo trata de “mejorar la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales”.

Se pondrá el foco en las actividades profesionales que acumulan el mayor porcentaje de accidentes de trabajo -siendo, según se indica, el sector de la construcción, seguido del agrario y del industrial, los que presentan mayor índice de incidencia- intensificando campañas de asistencia técnica y de vigilancia y control del cumplimiento de la normativa. De igual modo, se recoge la necesidad de concienciación a través de campañas de sensibilización, dándole especial relevancia a la mejora en la prevención de riesgos psicosociales y la seguridad laboral vial.

Se contempla, también, el desarrollo de la Agenda Nacional para la Prevención del Cáncer de Origen Profesional, que permitirá conocer la situación actual de dicha enfermedad en nuestro país, así como mejorar la acción preventiva y el diagnóstico precoz. Se prevé el desarrollo de actuaciones tendentes a la prevención de la exposición al polvo de sílice cristalina –en particular en obras de construcción y sectores relacionados con la producción e instalación de conglomerados de cuarzo–, así como al gas radón, sustancias reprotóxicas y medicamentos peligrosos. Asimismo, con motivo de la actualización de la directiva sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo, se revisará el Real Decreto 396/2006 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, así como se promoverá la implantación del Programa integral de vigilancia de la salud de los trabajadores que han estado expuestos a amianto en todas las comunidades autónomas.

El impacto que la transición ecológica, digital y demográfica tendrá en el futuro del trabajo en España lleva a la necesidad de establecer, desde la óptica preventiva, como segundo objetivo, la “gestión de los cambios derivados de las nuevas formas de organización del trabajo, la evolución demográfica y el cambio climático”.

Se revisará la normativa en prevención de riesgos laborales para incorporar la integración de la edad y la diversidad generacional en la gestión de la prevención y reforzar la protección de los trabajadores frente a riesgos psicosociales. Además, el plan estratégico dedica, por primera vez, una atención especial a la salud mental con planes específicos para la identificación, evaluación y prevención de los riesgos psicosociales en actividades con mayor prevalencia de enfermedades mentales.

Se reconocerá a aquellas empresas que acrediten buenas prácticas en el manejo de la salud mental y la prevención de este tipo de enfermedades y se desarrollarán acciones dirigidas a conocer las posibles causas con diagnóstico de depresión o ansiedad de etiología laboral.

También se promoverán planes de actuación para mejorar y controlar las condiciones de trabajo en actividades más afectadas por los cambios medioambientales por exposición a temperaturas extremas.

Los mayores y más complejos retos a los que se enfrentan las pymes a la hora de afrontar la gestión preventiva llevan al tercer objetivo consistente en “mejorar la gestión de la seguridad y la salud en las pymes, una apuesta por la integración y la formación en prevención de riesgos laborales”.

Con tal finalidad, se propone una revisión de la normativa para facilitar su aplicación y favorecer la integración de la prevención, potenciando fórmulas de compatibilidad con el recurso a un servicio de prevención ajeno e impulsando una mejora en la calidad de la documentación preventiva. Asimismo, se promoverá la formación y capacitación en prevención de riesgos laborales de la persona designada por la empresa en esta materia, así como la evaluación y adaptación de la herramienta Prevención10.es para facilitar la actividad preventiva con recursos propios.

Con el objetivo de “reforzar la protección de las personas trabajadoras en situación de mayor vulnerabilidad” se desarrollarán acciones para mejorar el nivel de protección de colectivos específicos con mayor riesgo, como los del sector sociosanitario, del servicio de ayuda a domicilio, del servicio del hogar y los migrantes.

Cabe destacar el apartado específico destinado a promover la investigación y el diseño de protocolos de actuación que faciliten el retorno al trabajo tras un periodo prolongado de incapacidad temporal.

En el caso de los trabajadores autónomos, se analizará la normativa para mejorar el desigual marco de la coordinación de actividades empresariales entre el trabajo por cuenta ajena y propia, teniendo en cuenta las diferentes tipologías existentes, para lograr una protección de la salud equiparable entre ambos regímenes.

A través de líneas de actuaciones tales como la revisión y actualización del marco normativo y la promoción de acciones de sensibilización en las políticas preventivas se trata el quinto objetivo para “introducir la perspectiva de género en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo”. Cabe destacar del mismo la intención de potenciar actuaciones dirigidas al control de la obligación de las empresas de disponer de protocolos de prevención y abordaje del acoso sexual y por razón de sexo, así como se potencia la mejora en la formación de los profesionales en prevención de riesgos, desarrollando guías o herramientas para ayudar a integrar la perspectiva de género en la gestión de los riesgos.

Por último, con la finalidad de mejorar las instituciones y establecer un mecanismo de coordinación entre ellas, se establece el último objetivo para “fortalecer el sistema nacional de seguridad y salud para afrontar con éxito futuras crisis”.

Se constituirá una comisión de coordinación, en la que participen todos los departamentos ministeriales, que se encargará de la elaboración de un protocolo interno de coordinación para afrontar futuras situaciones adversas como la crisis del COVID-19. De igual modo, se reforzarán y fortalecerán las instituciones dedicadas a la prevención de riesgos laborales, como la Inspección de Trabajo y el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Cabe destacar, finalmente, la potenciación de la negociación colectiva en materia de prevención de riesgos laborales, así como la recomendación de que, en los acuerdos colectivos, se incluyan materias tales como la desconexión digital, los planes de prevención e intervención en adicciones y la perspectiva de género.

La estrategia contempla unos importantes desafíos en materia de seguridad y salud en el trabajo acordes con las políticas de la Unión Europea, que promueven la “tolerancia cero” hacia los daños en la salud como un factor de competitividad de las empresas, sostenibilidad y bienestar social.

La consecución de estos objetivos y el logro de un entorno de trabajo seguro y saludable exigirá el compromiso y esfuerzo de todos los agentes sociales, empresas y trabajadores.