La mejoría de un trabajador con incapacidad permanente no siempre implica que pueda recuperar su puesto de trabajo. Analizamos cuándo existe un verdadero derecho a la reincorporación y cuándo solo una preferencia para ocupar una futura vacante.
Pocas situaciones laborales generan tanta incertidumbre como la del trabajador al que, tras un tiempo cobrando una prestación por incapacidad permanente, la Seguridad Social le comunica que su estado de salud ha mejorado lo suficiente como para revisar o revocar esa declaración. De pronto, esa persona vuelve a estar apta para trabajar. La pregunta es inevitable: ¿tiene derecho a volver a su puesto en la empresa? La respuesta, como casi todo en Derecho, es “depende”, y depende, sobre todo, de una cuestión: si su contrato quedó suspendido con reserva de puesto al amparo del artículo 48.2 del Estatuto de los Trabajadores o si, por el contrario, se extinguió por la declaración de incapacidad permanente. En esta entrada se explica la diferencia.
Toda incapacidad permanente es revisable
Conviene empezar por una idea que a menudo se pasa por alto: la declaración de incapacidad permanente no es definitiva. El artículo 200 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social permite revisar el grado reconocido, por agravación, por mejoría, o por error de diagnóstico, mientras el beneficiario no haya cumplido la edad de jubilación. Esta posibilidad existe con independencia del grado: tanto la incapacidad permanente total como la absoluta o la gran invalidez pueden ser revisadas y, en su caso, revocadas si el trabajador recupera su capacidad laboral.
Ahora bien, que toda incapacidad permanente sea revisable no significa que en todos los casos el trabajador tenga derecho a que la empresa le guarde su puesto mientras tanto. La revisión es una cuestión de Seguridad Social; la reserva de puesto es una cuestión laboral, y solo existe en el supuesto concreto que regula el artículo 48.2 del Estatuto de los Trabajadores.
Suspensión con reserva de puesto
Como regla general, la declaración de incapacidad permanente total, absoluta o de gran invalidez es causa de extinción del contrato de trabajo conforme al artículo 49.1.n) del Estatuto de los Trabajadores “cuando no sea posible realizar los ajustes razonables por constituir una carga excesiva para la empresa, cuando no exista un puesto de trabajo vacante y disponible, acorde con el perfil profesional y compatible con la nueva situación de la persona trabajadora o cuando existiendo dicha posibilidad la persona trabajadora rechace el cambio de puesto de trabajo adecuadamente propuesto”. Pueden consultarse entradas anteriores sobre que la incapacidad permanente ya no extingue automáticamente el contrato de trabajo y que la empresa no siempre tiene que adaptar el puesto de trabajo ante una incapacidad permanente.
El artículo 48.2 regula un caso diferente: cuando, tras la incapacidad temporal, el trabajador sea declarado en situación de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez y, a juicio del órgano de calificación, su situación vaya a ser previsiblemente objeto de revisión por mejoría que permita su reincorporación al puesto de trabajo, el contrato no se extingue, sino que subsiste la suspensión de la relación laboral, con reserva del puesto, durante un período de dos años a contar desde la fecha de la resolución que declare la incapacidad permanente.
La clave está, por tanto, en la propia resolución de incapacidad. Para que haya reserva de puesto no basta con que la incapacidad sea, en abstracto, revisable (que siempre lo es), sino que el equipo de valoración debe haber apreciado expresamente que es previsible una mejoría que permita al trabajador volver a su puesto en el plazo de dos años. Si la resolución no contiene esa previsión, el contrato se extingue sin reserva alguna, aunque más adelante la incapacidad se revise por mejoría.
Cuando concurre este supuesto, las consecuencias son claras. Durante esos dos años el contrato está suspendido: no hay obligación de trabajar ni de retribuir, pero el vínculo se mantiene vivo y la empresa debe conservar el puesto del trabajador. Si dentro de ese plazo la incapacidad se revisa por mejoría y el trabajador recupera su capacidad, tiene derecho a reincorporarse a su puesto, y la empresa no puede negarse alegando que lo ha cubierto o amortizado. Si, por el contrario, transcurren los dos años sin que se produzca la revisión, la reserva decae y la relación laboral puede darse por extinguida.
Cuando el contrato se extinguió: el derecho preferente de reingreso del Real Decreto 1451/1983
La situación es muy distinta cuando el contrato se extinguió por la declaración de incapacidad permanente, bien porque la resolución no previó una mejoría, bien porque transcurrieron los dos años de reserva sin revisión. Para entender qué derechos conserva entonces el trabajador hay que remontarse a la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos (LISMI), una norma pionera en su momento que sentó las bases de la protección laboral de las personas con discapacidad en España. Aunque esta ley fue formalmente derogada por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, que aprobó el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, su espíritu pervive en la normativa reglamentaria que se dictó en su desarrollo.
La pieza clave es el Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, dictado en cumplimiento de lo previsto en el artículo 2.1 de la Ley 13/1982, que regula el denominado “empleo selectivo” y las medidas de fomento del empleo de los trabajadores con discapacidad. Esta norma sigue vigente y establece las reglas aplicables cuando un trabajador que cesó en la empresa por incapacidad permanente ve posteriormente revisada o revocada esa declaración.
En este escenario no existe reserva de puesto. El trabajador no puede exigir que le devuelvan su silla, porque esa silla puede estar legítimamente ocupada por otra persona o haberse amortizado. Pero, y este es el matiz fundamental, eso no significa que pierda todo vínculo con la empresa.
Lo que la norma le reconoce es un derecho preferente a reingresar en la última empresa en la que trabajó, en la primera vacante que se produzca en su grupo profesional o categoría. Es un derecho condicionado, porque depende de que efectivamente exista o se genere una vacante, pero es un derecho real y exigible.
¿Qué significa exactamente “derecho preferente”?
Conviene detenerse en esta expresión porque no es un mero brindis al sol del legislador. “Derecho preferente” implica que, cuando en la empresa se produzca una vacante correspondiente al grupo o categoría profesional del trabajador, este tiene prioridad para ocuparla frente a candidatos externos. La empresa no puede publicar una oferta de empleo, contratar a un tercero o amortizar el puesto artificiosamente mientras haya un trabajador con derecho preferente de reingreso pendiente de reincorporación.
Ahora bien, el derecho es preferente, no absoluto ni automático. Si la empresa puede acreditar que, desde la solicitud de reingreso del trabajador, no ha surgido ninguna vacante genuina en su grupo o categoría profesional, no estará incumpliendo obligación alguna. El conflicto surge cuando sí han existido vacantes y la empresa ha preferido cubrirlas con terceros ignorando ese derecho.
Conclusiones: diferencia esencial entre reserva de puesto frente a derecho preferente
La diferencia entre ambos supuestos es sustancial. Con reserva de puesto (artículo 48.2 del Estatuto de los Trabajadores), el contrato está suspendido y el trabajador que mejora dentro de los dos años tiene derecho a volver a su propio puesto, que la empresa debe haberle guardado. Sin reserva, porque el contrato se extinguió, el trabajador cuya incapacidad se revoca no recupera su puesto, sino solo una preferencia para ocupar la primera vacante de su grupo o categoría que se produzca en la empresa. En ambos casos la incapacidad es revisable; lo que cambia es la intensidad de la protección laboral que acompaña a esa revisión.
Para la empresa, la recomendación práctica es doble. En primer lugar, revisar con atención la resolución de incapacidad permanente de cada trabajador para comprobar si contiene la previsión de mejoría del artículo 48.2 del Estatuto de los Trabajadores: si la contiene, el puesto debe reservarse durante dos años y, si la incapacidad se revisa en ese plazo, el trabajador debe ser reincorporado a él. En segundo lugar, cuando el contrato se haya extinguido y el trabajador cuya incapacidad se ha revocado se postule para volver, aunque no lo exprese de forma del todo clara, comunicarle formalmente las vacantes de su grupo o categoría profesional que existan o vayan surgiendo y, en paralelo, buscar el debido asesoramiento. El tratamiento correcto de cualquiera de las dos situaciones es fundamental.

