2026 puede ser el año en el que vea la luz normativa que se ha estado gestando en los últimos años como el Estatuto del Becario, la posible reforma del sistema de indemnizaciones por despido o la Ley de Industria. También podríamos ver la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y las transposiciones de las directivas europeas de condiciones laborales transparentes, de transparencia retributiva o la de condiciones laborales en el trabajo de plataformas.
Despedimos 2025 con varias iniciativas legislativas que se preveían para ese año pero que finalmente han quedado pendientes y con el anuncio del inicio de la posible tramitación de otras.
Además de la posible reducción de la jornada laboral o la nueva regulación del registro de jornada, que podrían seguir en la lista de las posibles próximas reformas, resumimos a continuación el estado de tramitación de las principales novedades que podemos esperar para 2026:
- Nuevo SMI. Se está tramitando la actualización del SMI para el año 2026. El comité de expertos al que el Ministerio de Trabajo y Economía Social solicitó un informe sobre el rango en el que debería incrementarse el salario mínimo interprofesional (SMI) en 2026 ha recomendado una subida de un 3,1 % si no tributa o un 4,7 % si tributa. Sobre la mesa se encuentra el debate de una posible modificación de las reglas de compensación y absorción. Mientras se aprueba uno nuevo, el SMI vigente ha quedado prorrogado.
- Ampliación de permisos retribuidos. Se espera una nueva ampliación de permisos retribuidos. El 15 de diciembre de 2025, el Ministerio de Trabajo y Economía Social alcanzó un acuerdo con los sindicatos participantes en el diálogo social para (i) ampliar a 10 días laborales (12, en caso de desplazamiento) los permisos retribuidos por fallecimiento de familiares, con la posibilidad de distribuir el permiso en días continuos o discontinuos en un periodo de cuatro semanas, e (ii) incorporar nuevos permisos de hasta 15 días laborales para acompañar a familiares en cuidados paliativos y un día laboral para acompañamiento en la eutanasia. Está previsto que se inicien los trámites correspondientes para el cambio normativo.
- Estatuto del Becario. En 2026, podría aprobarse el llamado Estatuto del Becario. El 4 de noviembre de 2025, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, aprobó el Anteproyecto de Ley del Estatuto de las Personas en Formación Práctica no Laboral en el Ámbito de la Empresa (el llamado Estatuto del Becario). Se prevé que en 2026 continúe la tramitación para la aprobación de la ley que pretende delimitar las actividades formativas frente a las laborales y proscribir el uso de las prácticas como trabajo de bajo coste o sustitutivo de trabajadores. Entre otras cuestiones, la nueva norma exigirá un plan formativo individual, vinculación directa con el itinerario educativo y tutela específica, y fija un máximo de cinco personas en formación por tutor y un tope del 20 % de personas en prácticas sobre la plantilla. Las personas en prácticas tendrán derecho al descanso; al uso de los servicios del centro de trabajo; a la protección frente a violencia y acoso; y a la compensación de gastos. Más información aquí.
- Posible reforma de las indemnizaciones por despido improcedente. En 2026, es posible que tengamos novedades en las indemnizaciones por despido improcedente. El 17 de septiembre de 2025, el Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a reformar el despido improcedente adoptando “las medidas necesarias para que la legislación española dé cumplimiento a lo dispuesto por los instrumentos internacionales ratificados, en particular la Carta Social Europea, en la interpretación que de ella hace el Comité Europeo de Derechos Sociales, y el Convenio 158 de la OIT, regulando una indemnización en caso de despido improcedente que sea realmente disuasoria y restaurativa”. El 20 de octubre de 2025, el Ministerio de Trabajo y Economía Social abrió una negociación con los agentes sociales sobre dicha posible reforma.
- Ley de Industria. Se está tramitando el Proyecto de la Ley de Industria y Autonomía Estratégica que contempla un plan de reindustrialización para supuestos en los que la empresa tenga una pérdida significativa de capacidad industrial y afecte a recursos de primera necesidad o de carácter estratégico. Conforme a este plan, las empresas tendrán que anticipar a la autoridad competente con 9 meses de antelación el posible cierre o reducción de actividad que conlleve una importante reducción de empleo y explorar fórmulas para la prevención, corrección o mitigación de los efectos asociados al cierre o reducción de plantilla.
- Posible nueva LPRL. Se está trabajando en la posible reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para, entre otras cuestiones, reforzar la prevención de los riesgos (i) asociados al uso de las tecnologías o a la exposición a determinadas sustancias químicas y (ii) psicosociales, así como para dotar de perspectiva de género a la prevención de riesgos laborales.
- Incentivo del teletrabajo en entornos rurales. Podrían aprobarse en 2026 determinados incentivos al teletrabajo en zonas rurales para fomentar que la población joven trabaje desde ellas. El Congreso de los Diputados aprobó el 22 de octubre de 2025 una proposición no de ley instando al Gobierno al “desarrollo de medidas que incentiven el teletrabajo para fijar población joven en entornos rurales”, colaborando con las comunidades autónomas para adoptar tales medidas.
- Transposición de directivas de la UE. España tiene pendiente de transponer la Directiva (UE) 2019/1152 sobre condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea de la que se esperan reformas en el deber de informar sobre los aspectos esenciales de la relación laboral, el contrato fijo-discontinuo, el contrato a tiempo parcial y los pactos de horas complementarias, el periodo de prueba y la distribución irregular de la jornada. También debe transponer en 2026 la Directiva (UE) 2023/970 sobre transparencia retributiva (el plazo finaliza el 7 de junio de 2026) y la Directiva (UE) 2024/2831 relativa a la mejora de las condiciones laborales en el trabajo en plataformas (el plazo finaliza el 2 de diciembre de 2026).
