La taxonomía social, que clasifica las actividades económicas que contribuyen significativamente a objetivos sociales en la Unión Europea, supone un nuevo reto para las empresas, ya que no se basa en criterios técnicos sino en principios y estándares internacionales. Los inversores ya están adaptando sus políticas e incorporando métricas para valorar estos aspectos a la hora de invertir, por lo que las empresas no pueden quedarse atrás.

El Reglamento 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 estableció los criterios para determinar el grado de sostenibilidad medioambiental de una inversión en una determinada actividad económica. Es la denominada taxonomía medioambiental, que tiene como objetivo canalizar las inversiones hacia actividades sostenibles desde el punto de vista del medio ambiente.

Le toca ahora el turno a la taxonomía social, más rezagada pero ya en marcha. En concreto, en febrero de 2022, la Plataforma sobre Sostenibilidad Financiera, que asesora a la Comisión Europea, presentó la segunda versión del informe sobre taxonomía social, poniendo los mimbres de la futura reglamentación europea en este ámbito. Este es el trabajo técnico sobre el que se apoyará la Comisión Europea para el desarrollo de esta nueva taxonomía.

Ante esta situación es inevitable que los inversores ya adapten sus políticas de inversión, clasificando sectores, estableciendo métricas y valorando impactos. Lo cual afecta, positiva o negativamente, a las empresas.

Si la taxonomía medioambiental ha generado muchas dudas e, incluso, polémica en la clasificación de algunas actividades como “verdes”, la taxonomía social, que no se basa en aspectos técnicos sino en principios y estándares internacionales, va a suponer todo un reto. Si se actúa con precipitación, puede ser un lastre más para la competitividad de las empresas, que son los auténticos motores de la economía y el desarrollo (también del sostenible).

Tal y como se ha planteado por la Plataforma sobre Sostenibilidad Financiera, la taxonomía social se estructura en torno a tres colectivos interesados (los trabajadores, los usuarios finales y consumidores y las comunidades afectadas) y tres objetivos generales anudados a cada uno de los colectivos: el trabajo decente en la empresa y en la cadena de valor, los estándares de vida y bienestar adecuados y la sostenibilidad y la inclusión, respectivamente. Bajo estos objetivos generales se incluyen obligaciones específicas (por ejemplo, en lo relativo al colectivo de trabajadores, la eliminación de la brecha salarial).

Es en este último aspecto, la sostenibilidad y la inclusión, donde la competitividad de las empresas se puede ver lastrada si se actúa sin valorar las consecuencias que se podrían derivar en el caso de que se den pasos de gigante en el desarrollo de la taxonomía social, sin venir acompañados de políticas que permitan la consecución de las obligaciones y de los objetivos establecidos de forma pausada.

Por otra parte, aunque sean muchos y muy valiosos los beneficios de la aprobación de la taxonomía social (establecimiento de estándares o métricas comunes, credibilidad, canalización segura de inversiones), es importante pensar en las consecuencias que puede tener para determinadas actividades económicas su clasificación como perjudiciales («harmful activities«, actividades perjudiciales o dañinas a los objetivos sociales) sin valorar otras consideraciones. Por ejemplo, ¿qué impacto va a tener en las empresas que desarrollan dichas actividades? ¿Y en el empleo que generan? ¿Y en las regiones que viven de esas actividades? ¿Cómo se va a abordar y compensar el impacto que pueda generarse? Estos aspectos también son sociales.

Sería importante que los próximos trabajos en la materia tuvieran un enfoque más positivo, valorando la contribución social de las empresas en el desarrollo de su actividad. Los objetivos sociales son inherentes a las prácticas de las empresas, a través de los puestos de trabajo que generan y su inversión en los trabajadores, lo cual conlleva importantes beneficios para la sociedad en su conjunto.

Eva Díez-Ordás

Departamento Laboral de Garrigues